LA LIBERTAD ATRASA, INOCENTE PALOMITA

Debo admitir que, en la semana, son varios los dias en que me levanto y digo: “Wow, sera que estoy errando en algo?”, cuando me siento y analizo a quienes algun dia tuve cerca. Gente honesta, de principios, de un alto valor moral, con sinceridad y honestidad tanto intelectual como etica. Pero ya es bastante el tiempo en que creo que, por oportunismo o por simple idiotez, son varios los que eligen mirar a un costado y hacer de cuenta que los hechos graves culminaron en Argentina. Apenas 2 de Enero de un nuevo año y ya nos encontramos con multiples disgustos a nivel politico y, en mi caso, tambien a nivel social. ¿Puede decirse de forma sincera “Feliz Año!” con algun grado de tranquilidad? Lo dudo. Desear que sea un buen año, eso si, de mas esta decirlo. Uno siempre trata de mantener la esperanza y no bajar la vara, pero, por como se van desarrollando las cosas, hasta ese buen espiritu se ve amenazado de ser apagado.

Esta vez me toca tratar un tema que, ademas de ser de alta sensibilidad juridica y social, me toca personalmente por remitirme a experiencias personales que tuve hace algunos años, con un gobierno el cual repudiaba a diario. Cuesta decirlo, pero verse parado en un año distinto, con un nuevo gobierno a cargo del Estado Nacional y sintiendo la misma inseguridad que con su predecesor, no es buen augurio para nadie. ¿Con que nos encontramos en esta oportunidad? Con un area que, desde el inicio, mostro fortaleza e intencion de avanzar a toda marcha. ¿El problema principal? ¿La ciudadania en su totalidad? Podria decir sociedad, pero no; elijo especificamente la palabra ciudadanía. ¿Por que? Porque es por estas semanas donde vemos activamente como existe un grupo social base, con derechos y responsabilidades, el argentino, quien puede llegar a verse amenazado frente a la llegada y el avance de habitantes de otras naciones, de otras culturas y con otros intereses. Intereses que son ajenos y distintas al nuestro, con batallas y guerras ajenas a las nuestras, que no representan el sentir local y los planes que, como sociedad, tenemos para llegar a un punto de prosperidad y abundancia. En definitiva, un conjunto de valores morales y eticos totalmente distintos.

Y no, no solo se trata de individuos particulares que llegan desde otros lados del planeta, sino tambien de individuos y agrupaciones politicas y sociales que buscan tener impacto en nuestra tierra, torcer el rumbo de nuestra legislacion y ajustar el sistema argentino a lo que ellos consideran clave o base para el desarrollo de su proyecto de vida. En estos nuevos conglomerados sociales se encuentran personas de distintos paises. Casi como una ironia de la vida, pareciera que vemos cumplirse, bajo un gobierno que se vendiò como padre protector de la Argentina, los peores miedos que teniamos del anterior gobierno Kirchnerista. Un gobierno que coqueteaba con las peores figuras del socialismo internacional y del progresismo avasallante que, donde pisaba, imponia una nueva agenda social. Dirigentes de Cuba, Venezuela, Rusia. Podria decir China, pero la verdad es que, mas alla de acuerdos comerciales y algunos temas sensibles como la pesca indiscriminada e ilegal en nuestros mares, no paso de eso. La comunidad China, como tal, llevaba decadas en nuestro pais y jamas buscaron vulnerar ni imponer su cultura en nuestro pais, para empezar porque no tienen una cultura donde fuerzan a ajenos a seguir una misma ideologia. Era mas un debate basado puramente en ideologias politicas y en proyectos de pais donde se posicionaba una potencia o la otra. Lejos quedaron las acusaciones de si China tenia una base naval en Argentina o si habia un acuerdo escondido para poder explotar la fauna de nuestros mares.

Desde que comenzo este gobierno de Javier Milei, hemos visto numerosos avances en materia economica. Sinceramiento, blanqueo de politicas regulatorias, ejecucion mas “responsable”, administracion explicita de los recursos. Y si, era razonable, puesto que nadie ya ponia en discusion que el gasto publico estaba detonando las estructuras de nuestro sistema. Pero el problema comenzo cuando las cuentas empezaron a balancearse, cuando el gobierno empezo a ver los recursos que tenia a disposicion plena despues del brutal ajuste hecho sobre la sociedad. De ajuste a la casta hubo poco. Se uso a modo representativo el despido de personal de la administracion publica y del cierre de agencias y secretarias que, a las claras, mostraban un alto nivel de ineficiencia. Pero, a la hora de impactar sobre la economia, los numeros fueron magros. Incluso tras haber echado “ñoquis por doquier”, en muchos casos fue una politica llevada a cabo con el unico fin de llegar a los titulares de Argentina y del mundo, sin tener en cuenta (o, mejor dicho, ignorando) la lluvia de juicios laborales que se venian por delante, puesto que hay una legislacion que (lamentablemente de forma abusiva) los protege. En los numeros finales y balances para los proximos años, los numeros para el Estado pueden resultar siendo negativos, puesto que sale mucho mas caro despedir sin causa y patear hacia adelante el asunto de los reclamos efectuados por cada ex empleado. Para la sociedad y, en especial, para su militancia, un exito total. El gobierno liberal libertario anarcocapitalista habia logrado pegarle una patada feroz a miles de empleados publicos. El bienestar del Estado, bien gracias, porque en el futuro es el mismo quien debera pagar por esos juicios millonarios. Quiza bajo otra administracion, bajo otro gobierno. Como sea, se construyo un camino sinuoso para la exito.

¿Pero que sucedio en materia social? Ademas del resentimiento generalizado de determinados actores sociales, como jubilados y empleados del sector publico (medicos, maestros, agentes de seguridad), quedo expuesta toda una sociedad que estaba expectante de cual seria el nuevo camino a gozar. Pero de disfrute quedo poco: como si fuera poco el ajuste en las cuentas del hogar y de las empresas, empezaron a encontrarse con un nuevo relato politico, el de acusar de kirchnerista, como le dicen “kuka”, a cualquier persona que se atreva a criticar al gobierno. La justificacion es: “si nosotros ganamos las elecciones, ¿por que tenes que abrir la boca?”. Desconociendo totalmente las circunstancias por las que ganaron y tras que sapos la gente se vio obligada a votarlos. Para el gobierno y su secta militante, la gente les dio el voto por amor al proyecto de pais que proponen y no por temor a la propuesta K latente, aquella propuesta que tanto daño causo al pais durante las ultimas dos decadas. ¿Las consecuencias de no adherir? Una herramienta que, tras la pandemia, empezo a ganar mucho poder: el del escrache virtual y el hostigamiento generalizado contra voces criticas que ganan notoriedad. Periodistas, dirigentes e “influencers”. Tambien artistas de todo tipo. ¿Como desaprovechar ese momento viral para rivalizar y seguir construyendo agenda entre la sociedad? Milei vino a mostrarse como un hijo sano del proyecto Kirchnerista que Cristina y Nestor impulsaron cuando llegaron al poder: de poner en una silla a los detractores y usar todos los recursos del Estado para liquidarlo y ridiculizarlo. Claro, ellos lo hicieron con todos los recursos, literalmente. Por ahora, Milei busca disciplinar por medio del escrache en masa. Pero, por estas horas, parece que ese recurso no va a ser el unico.

En el dia de la fecha, el presidente de la nacion firmo el decreto 941/2025, donde modifica la Ley de Inteligencia Nacional y redefine competencias y estructuras para la ejecucion de sus propios intereses. El gobierno nuevamente hace uso de la palabra “modernizacion” para deliberadamente moldear el uso de un organismo del Estado. El decreto con el que el gobierno reformó el sistema de inteligencia no puede leerse solo como una reorganización técnica, sino como un nuevo avance sobre las atribuciones del Congreso y un serio retroceso en materia de controles democráticos. Algo que no hay que ignorar es que Milei eligio hacer esta modificacion mediante el uso de un “Decreto de Necesidad y Urgencia”, herramienta que lleva varios meses siendo cuestionada, puesto que, por su naturaleza y proposito, es utilizada al antojo del gobernante de turno. Al modificar por DNU aspectos centrales del Sistema de Inteligencia Nacional, el Poder Ejecutivo evita deliberadamente el debate parlamentario en un área especialmente sensible, donde la Constitución y la experiencia histórica argentina exigen controles estrictos, consensos amplios y límites claros. Cabe preguntarse entonces: ¿por que el apuro? ¿Por que no imponer agenda como siempre lo hacen con los temas de interes e invitar a la sociedad a reflexionar y oir que tienen para decir los principales afectados? Lejos de ser una simple “modernización”, la norma redefine funciones, habilita nuevas facultades y reconfigura organismos clave sin pasar por el proceso democrativo que corresponde.

La reafirmación de la SIDE como órgano rector reactualiza viejos fantasmas del espionaje interno y del uso político de la inteligencia. Aunque el decreto insiste en que no habrá tareas policiales, deja márgenes peligrosos para la intervención estatal, incluyendo facultades excepcionales de aprehensión y un rol central en la ciberinteligencia. En un contexto de fuerte confrontación discursiva del propio Presidente contra periodistas, opositores y ciudadanos críticos, la posibilidad de que el aparato de inteligencia tenga injerencia sobre el espacio digital y las redes sociales resulta altamente alarmante. La separación formal entre ciberseguridad y ciberinteligencia no despeja los riesgos; por el contrario, consolida un esquema donde el Estado puede monitorear, analizar y clasificar información del ámbito digital bajo criterios poco transparentes y con controles judiciales difusos. Esto abre la puerta a prácticas de vigilancia sobre la actividad política, social y comunicacional de la ciudadanía, afectando derechos básicos como la libertad de expresión, la privacidad y la participación política, especialmente en redes sociales, hoy el principal espacio de debate público. En definitiva, la reforma no solo debilita el rol del Congreso y desplaza a la Justicia como garante de límites claros, sino que concentra poder en el Ejecutivo en una materia históricamente asociada a abusos. Bajo el discurso de la eficiencia y el orden, el decreto profundiza una lógica de excepcionalidad permanente que erosiona el control democrático y expone a la sociedad a un uso discrecional de la inteligencia estatal, con consecuencias potencialmente graves para la vida pública, la crítica política y las libertades civiles.

El peligro no solo se limita al uso indiscriminado de los DNU, sino que, por estos dias, tras la conformacion de un nuevo Congreso, La Libertad Avanza cuenta con los numeros para sostener esta decision tomada por el presidente. En otras palabras, este decreto pareceria no poder ser frenado. Los ciudadanos quedamos a plena disposicion de la Justicia. Como ciudadanos comunes, esta reforma debe dejarnos con la boca abierta porque nuevamente nos toca vivir esa sensación de que expresarse y ser crítico podria volver a tener costos personales. No hablo de delitos ni de llamados a la violencia, sino de algo mucho más básico y cotidiano: opinar, cuestionar al gobierno, participar en redes sociales, compartir una crítica política o adherir a una causa. Hago mayor foco sobre las personas que historicamente hemos sido participantes de distintas causas sociales, sea en masa o en grupo reducido. Se pudo tolerar, con distintos grados de adherencia, el tener que manifestarse sin cortar calles y dentro de un operativo impuesto por el Ministerio de Seguridad. Pero esto es distinto. Cuando el Estado concentra poder en inteligencia y lo hace por decreto, sin debate en el Congreso ni controles claros de la Justicia, el mensaje implícito es que la vigilancia y la sospecha pueden volver a ser herramientas oscuras de la politica. La historia argentina da razones de sobra para desconfiar. Durante años, las distintas agencias de inteligencia estatal fueron utilizadas para espiar opositores, periodistas, jueces y militantes sociales. Esos abusos no ocurrieron en dictadura, sino en plena democracia. Basta recordar las causas judiciales por espionaje ilegal que involucraron a la AFI en gobiernos recientes, donde se comprobó el seguimiento y la recopilación de información sobre personas que simplemente pensaban distinto.

Un caso paradigmático fue el que me tuvo como protagonista en 2022. Más allá de las discusiones políticas sobre las ideas y métodos, lo cierto es que fuimos investigados, detenidos y expuestos públicamente en un contexto donde se demonizaban protestas, discursos y se tomaban decisiones judiciales cuestionadas. Para muchos ciudadanos, ese episodio dejó una marca: la línea entre la protesta, la expresión política y la persecución penal se habia vuelto difusa. La sensación era clara: ciertos discursos debian transformarse rápidamente en objeto de inteligencia, judicialización y castigo ejemplificador. ¿Alguno sabe lo que se siente ser fotografiado en espacios comunes de una rutina? Camino al trabajo, visitando a un amigo, yendo a un restaurant a comer o simplemente estando en el patio de tu casa. Yo eso lo vivi en carne propia cuando Agustin Rossi, director de la ex AFI, habia armado un expediente donde se ordenaba investigar, seguir y recolectar todos los datos posibles mios, de mis familiares y de mis cercanos para presentar ante la justicia una denuncia por “conspiracion contra el gobierno de Cristina Kirchner”. A horas de sucedido el atentado contra la ex presidenta, el gobierno rapidamente presento una denuncia demandando una investigacion que paralelamente ya habia comenzado. Y la investigacion no ocurrio antes del hecho, que es como debio haber sido, sino que fue llevada a cabo dias despues con el unico objetivo de recolectar material que pueda ser presentado como altamente peligroso para la convivencia publica. Y el problema para los involucrados no fue que nos investiguen; de hecho, yo, junto a mi entonces abogada, habiamos enviado un escrito al juzgado de la doctora Capuccheti (quien investigaba el intento de magnicidio de CFK) exponiendo que nos ponemos a disposicion de ella y del fiscal para ser interrogados en caso asi lo desearan. La respuesta fue negativa: quienes investigaban el hecho tenian descartado desde el minuto cero que ninguna persona de nuestra agrupacion habia estado involucrada en el hecho. El problema fue lo que el juez Marcelo Martinez de Giorgi, junto al fiscal Gerardo Pollicita, decidieron hacer con la denuncia presentada por el gobierno. Una ola de detenciones y allanamientos a personas que, con el material recolectado, apenas podrian ser capaces de ser imputados por alguna contravencion por insultar o insinuar deseos poco eticos contra funcionarios publicos. ¿Que quedò de toda esa bola de difamaciones? Personas con causas penales, detenciones arbitrarias, secuestro de bienes personales, embargos y, lo mas grave, la imposicion de medidas para el monitoreo constante (perimetrales y tobilleras electronicas).

Lo que algun dia fueron temores, a raiz de verlo suceder en otros paises autoritarios y fascistas, se convirtieron en la realidad de personas que exig ian un freno a los atropellos llevados a cabo por el gobierno Kirchnerista de esos dias. Como si no fuera poco, muchas de esas medidas judiciales terminaron sucediendo en los dias en que ya habia un nuevo gobierno en el poder. Lejos estabamos los protagonistas de pretender que La Libertad Avanza saliera a defendernos publicamente; seria iluso y poco realista. Pero si deseamos en esos momentos al menos contar con el ofrecimiento de abogados para el asesoramiento o el repudio de algun funcionario de bajo rango. Lo unico que recibimos fue el apartamiento de espacios de militancia, el bloqueo en redes sociales de dirigentes del gobierno, el silencio de potenciales patrocinantes. Cuando la entonces agrupacion empezo a ganar notoriedad por la contundencia del discurso y por la presencia en manifestaciones publicas, multiples punteros y dirigentes de La Libertad Avanza se nos habian acercado ofreciendonos apoyo o simplemente utilizando banderas y escenas generadas por nosotros para enaltecer el discurso que ellos querian imponer en el ambito publico y mediatico. Incluso hubo meses en lo que, habiendo aparente censura a ciertos periodistas, alguna dirigente reconocida cercana a Milei ofrecio hacer una entrevista a un integrante de nuestra agrupacion, con el fin de masificar el reclamo y la angustia expresada por el joven en cuestion. Pero cuando la Justicia, por influencia del Kirchnerismo, decidio mediar, automaticamente Milei y todos sus aliados se evaporaron y la orden a la militancia digital fue la de dejar de compartir hechos relacionados a nuestra situacion. ¿Acuerdo o miedo al Kirchnerismo? Como sea, fue una clara muestra de sumision y control ante quienes ellos decian venir a combatir cueste lo que cueste. A las claras, eran puro discurso y poca carne. Los hechos lo demuestran. A dia de hoy, aun habiendo padecido esta inmoralidad, hay quienes cercanos a mi eligen militar activamente a esta secta de embusteros y estafadores. Pero, dejando de lado este hecho, ¿ante que nos podemos encontrar si la Justicia decide intervenir y hacer caer este Decreto?

Desde una mirada constitucional, la reforma del sistema de inteligencia dispuesta por decreto presenta serios problemas de validez jurídica y abre la puerta a una eventual declaración de inconstitucionalidad. No se trata solo de una discusión política, sino de una cuestión estructural vinculada a la división de poderes, los derechos fundamentales y los límites que la Constitución impone al Poder Ejecutivo.

En primer lugar, el decreto puede vulnerar el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia. La norma es clara: el Presidente solo puede legislar por decreto cuando circunstancias excepcionales hagan imposible seguir el trámite ordinario del Congreso y siempre que no se trate de materias vedadas. La reestructuración integral del Sistema de Inteligencia Nacional —que modifica funciones, competencias, organismos y alcances de la actividad estatal— no parece responder a una urgencia extrema ni a una imposibilidad material de que el Congreso legisle. Por el contrario, se trata de una política pública de largo alcance, estructural y altamente sensible, que exige debate parlamentario. Al dictar el DNU, el Ejecutivo sustituye al Congreso en su función legislativa, vaciando de contenido el principio republicano.

En segundo término, la medida afecta competencias expresamente asignadas al Congreso de la Nación por el artículo 75. En particular, el Congreso es el órgano encargado de dictar las leyes que organizan la administración pública, regulan los organismos del Estado, establecen los alcances de la inteligencia nacional y fijan los mecanismos de control y financiamiento. La ley de inteligencia vigente es una ley formal del Congreso y su modificación sustancial mediante decreto implica una apropiación indebida de atribuciones legislativas. Además, el Congreso tiene la potestad de controlar políticamente a los organismos de inteligencia a través de comisiones bicamerales, función que se ve debilitada cuando el Ejecutivo redefine por sí solo el alcance y las capacidades de esos organismos.

Desde el punto de vista de los derechos fundamentales, el decreto también podría colisionar con varios artículos centrales de la Constitución. El artículo 14, que garantiza la libertad de expresión, y el artículo 32, que prohíbe al Congreso —y por extensión al Estado— dictar normas que restrinjan la libertad de prensa, se ven indirectamente comprometidos cuando se amplían o se dejan ambiguas las facultades de inteligencia sobre el ámbito digital y las redes sociales. La posibilidad de que el Estado recolecte, analice o sistematice información sobre la actividad política y comunicacional de los ciudadanos genera un efecto inhibidor sobre la expresión crítica, incompatible con un sistema democrático. Asimismo, el artículo 19, que protege la esfera privada de las personas frente a la intromisión estatal, y el artículo 18, que consagra el debido proceso, el principio de legalidad y la prohibición de detenciones arbitrarias, pueden verse afectados por disposiciones que habilitan facultades excepcionales al personal de inteligencia sin controles judiciales claros y previos. La sola ampliación de márgenes discrecionales en materia de aprehensiones o inteligencia interna resulta problemática a la luz de estos principios. También puede invocarse el artículo 43, que tutela la acción de habeas data, ya que el fortalecimiento de la inteligencia en el ámbito informacional y digital, sin garantías explícitas sobre el tratamiento de datos personales, pone en riesgo el derecho de los ciudadanos a conocer, controlar y rectificar la información que el Estado pueda recolectar sobre ellos.

Desde una perspectiva republicana más amplia, el decreto tensiona el principio de separación de poderes y el sistema de frenos y contrapesos. Al legislar por DNU, el Poder Ejecutivo concentra poder, reduce la intervención del Congreso y debilita el rol de la Justicia como control. Esto no solo contradice el espíritu de la Constitución, sino también la experiencia histórica argentina, que demuestra que la falta de controles sobre los servicios de inteligencia deriva, casi inevitablemente, en espionaje interno y persecución política.

A las claras, el Presidente esta legislando sin urgencia real, invade competencias exclusivas del Congreso, debilita los controles democráticos y pone en riesgo derechos fundamentales como la libertad de expresión, la privacidad y el debido proceso. Mas alla del argumento que pudiera presentar, el problema central es el precedente que sienta: un Poder Ejecutivo que, por decreto, redefine los límites del poder estatal sobre la ciudadanía. Cuando hoy se fortalece por decreto un sistema de inteligencia con capacidad de actuar en el ámbito digital, analizar redes sociales y operar con márgenes amplios y poco transparentes, el riesgo no es solo institucional: es personal. Es preguntarse dos veces antes de escribir un tuit, de compartir una opinión incómoda, de ir a una marcha o de simplemente criticar al poder. Es el miedo silencioso a quedar “marcado”, aunque uno no haya cometido ningún delito.

Por eso, este tipo de reformas no afectan solo a políticos o especialistas en seguridad; nos afectan a todos. La libertad de expresión no puede dejar de ser un derecho garantizado y pasar a convertirse en una concesión frágil, condicionada al humor y la tolerancia del poder de turno. Se trata, por sobre todo, del clima social que se construye: el miedo como herramienta para gobernar. Las redes sociales, que hoy son el principal espacio de expresión y participación política, pero ahora buscan transformarlo en un territorio de sospecha. El verdadero peligro no es solo lo que el Estado puede hacer, sino lo que los ciudadanos dejamos de decir por temor a las consecuencias. Y lo mas triste es ver como por lo que tanto temimos de otros gobiernos hoy lo veamos materializarse bajo un grupo de personas que, en nombre de la Libertad, prometio no volver a limitar nuestro pensamiento. Personalmente, dejo en claro que mi Libertad yo la defiendo ante quien sea. Yo no voy a elegir callarme ni quedarme en el lugar mas comodo. Para eso estan los cobardes o los que tienen precio. Es importante que, como yo, miles y millones de argentinos expresemos nuestro rechazo a esta bestialidad. Porque, como un dia fui yo el perseguido y hostigado, mañana sera el que activamente elija levantar la cabeza y proponer un freno al Presidente y su gobierno.